Objetivo para los próximos cinco años: recortar en 50 libras esterlinas la factura media y reducir en un 16 % las fugas. El sector del agua del Reino Unido seguramente respiró aliviado el viernes después de las elecciones generales del Reino Unido porque ya no se enfrentaba a la renacionalización.
Pero el alivio duró poco. El lunes siguiente, el organismo regulador del agua del Reino Unido comunicó un acuerdo final sancionador para el próximo periodo reglamentario y un doble golpe.
La factura media del agua en el Reino Unido para el año que viene será de 415 libras, y esta cifra tiene que reducirse a 365 en los próximos cinco años. La renta media disponible de los hogares en el Reino Unido será de alrededor de 29500 libras anuales. Por lo tanto, el agua pasará de representar el 1,4 % al 1,2 % de la renta disponible.
Eso es menos que el porcentaje de gasto en salud, educación, alcohol o tabaco, comunicaciones, ropa, artículos del hogar, restaurantes, comida y bebida, ocio, vivienda y transporte. Esta cifra lo convierte en el gasto más nimio. El servicio más esencial es el que menos cuesta.
No está claro que los clientes se estén quejando del importe de sus facturas de agua; de hecho, en algunas encuestas realizadas por las compañías de agua se recoge que los clientes estarían dispuestos a pagar más por mejoras tales como la reducción de las fugas.
«Ahora para estas compañías es más barato pedir dinero prestado, por lo que las facturas deberían reducirse», afirma el director ejecutivo del organismo regulador. Para una empresa como Thames Water, con una deuda de 12 000 millones de libras, y con una deuda de 50 000 millones de libras para el conjunto del sector, es poco probable que la perspectiva de menores ingresos y mayores gastos reduzca los costes de los préstamos.
Se había aceptado a regañadientes un objetivo ambicioso de reducción de fugas, pero no con la perspectiva de una reducción simultánea de los ingresos.
No hay duda de que las compañías de agua lucharán contra esta fijación de precios. Las compañías que no estén de acuerdo pueden apelar a la Autoridad de Competencia y Mercados. Es probable que lo hagan y que la incertidumbre retrase las inversiones.
El nuevo periodo reglamentario de cinco años comienza el 1 de abril de 2020.